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Ya el Ejército Nacional había denunciado como desde 1998, aprovechándose de la zona de distensión, las narcoguerrillas habían comenzado a desarrollar todo un programa de colonización de tierras, expropiándolas mediante amenazas y terrorismo, para consolidar dos cosas.
Una, el proyecto que soñaban de declarar la república independiente de Caquetania, que abarcaba media Colombia desde Arauca al Amazonas y la totalidad de los Llanos Orientales y el área fronteriza con Perú y Ecuador. Llegar a soñar que habían pasado a una segunda fase de la guerra de guerrillas, la guerra de posiciones, hacía que los cabecillas narcoterroristas contemplaran como inminente el derrumbe de la institucionalidad y los órganos de gobierno del país, algo que recogieron analistas nacionales e internacionales para predicar la ‘república inviable’ y la inevitable desintegración territorial.
Antes del 98, esos mismos analistas, generalmente comprometidos con causas de izquierda, señalaban que ni el Ejército podría derrotar a las Farc, ni estas al Estado, por lo que se hacía urgente una negociación política para resolver el conflicto. Del 98 al 2003, juraban que las Farc estaban en capacidad de derrotar al Estado y que este debería aceptar una salida política para evitar su completa disolución. Ahora que las Farc están al borde de la derrota definitiva, se empeñan en señalar que van a resurgir como el ave fénix y el Estado debe negociar para no prolongar el conflicto.
Pero volviendo al tema, el segundo objetivo de las Farc con la colonización impuesta, era asegurar corredores estratégicos para sus estructuras criminales. En Caquetá, a través de los municipios de Morelia, Doncello, Puerto Rico, San Vicente y Cartagena del Chairá se expropiaron extensos terrenos ganaderos. En varios archivos, que están en poder de la Fiscalía, se documenta cómo ‘Jojoy’ autorizó el secuestro y asesinato de hacendados, finqueros y comerciantes que se negaron a entregar sus tierras[1].
En el caso del Meta, hay listados con los nombres de propietarios de las haciendas y fincas en Tunia, Caquetania, La Macarena, Vista Hermosa, Mesetas, San Juan de Arama y Uribe. En algunos documentos están referenciados los nombres de los jefes guerrilleros a los que el ‘Mono’ les entregó la administración de las propiedades, así como la relación del número de cabezas de ganado, que pasan de 400 mil. En el Guaviare se hizo el mismo procedimiento en Yaguará, Cachicamo y Puerto Arturo. Los terrenos expropiados por ‘Jojoy’, en los 16 municipios de estos tres departamentos, formaron uno de los corredores de movilidad más grandes de la guerrilla[2].
Por si fuera poco, dentro de esos planes se contaba con la disgregación y utilización de las comunidades indígenas para desarrollar los criminales programas de colonización forzosa. En un correo electrónico, encontrado en uno de los dispositivos que la Fuerza Pública ha incautado en las últimas operaciones, y que fue enviado por el jefe del frente Yarí a ‘Mauricio’, quien reemplazó a ‘Jojoy’, el guerrillero relata cómo va el “repoblamiento”.
“Mirando la necesidad que se nos presentó en Yaguará, que no quedaban sino cuatro familias entre indios y blancos, y unos pocos pobladores del bajo Camulla y el Triunfo (…) se consultó cómo poblar las áreas”, señala en el mensaje que luego continúa: “Procedimos trayendo unos indios del Cauca que se ubicaron de acuerdo con el cabildo de Yaguará en esa área, 40 indígenas que en el momento están vinculados como núcleos en las organizaciones sociales nuestras…”.
En otros mensajes, el jefe del frente Yarí le informa a ‘Mauricio’ que se conformó otro cabildo indígena con el compromiso que trabajen bajo las orientaciones de las Farc. “Como resguardo dan la pelea al Estado, pero las tierras son de las Farc”, agrega el mensaje. En otras zonas, del mismo corredor que ‘Jojoy’ proyectó, en el último año han sido ubicadas familias, algunas procedentes de El Pato (Caquetá), a las que les dieron los terrenos para que construyeran sus viviendas y corrales con el compromiso que los gastos de mantenimiento corren por cuenta de los campesinos por cuatro años y deben entregar el 10 por ciento de las ganancias de la cría de ganado.
Frente a esta violación injustificable de todo derecho humano, de cualquier norma del derecho internacional, ningún colombiano puede dejar de expresar su repudio a que las ONG, los ciudadanos por la paz, el Movice, los colectivos de abogados y las mismas autoridades políticas de Colombia y del mundo no hayan expresado aún su rechazo y su condena, exigiendo el castigo ejemplar para sus autores, testaferros y apologistas.
Preocupa el silencio cómplice del actual Ministerio de Agricultura, empeñado en la Ley de Restitución de Tierras, que sólo hace referencia a aquellas de cuya apropiación ilícita son responsables los miembros de las desmovilizadas AUC y sus asociados, pero que calla e ignora ex profeso lo sucedió en el sur colombiano, especialmente en las áreas referenciadas. Será que para esta autoridad gubernamental, como sucede para el Movice y Arco Iris, las víctimas de las narcoguerrillas no existen sino que son simples efectos colaterales de la lucha altruista, según nuestras Cortes, que adelantan las narcoguerrillas?
Paisacaribe 